Esta vez, los miles de maestros que se lanzaron a marchar por las calles no pudieron eludir las críticas. Sobre ellos, sobre sus argumentos para entrar en paro, recayeron no pocos reproches. ¿Por qué —decían unos— empezar una protesta justo en época preelectoral? ¿Cuál es la razón —cuestionaban otros— para que quieran suspender la evaluación de competencias? ¿Será —replicaban en Twitter— una especie de miedo a ser calificados?
“¿Miedo? De ninguna manera”, respon día Luis Grubert, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). “Lo que buscamos es una suspensión transitoria mientras se analizan otros criterios para ascender salarialmente. Ahora sólo se tiene en cuenta esta evaluación”. Pero el Ministerio de Educación Nacional (MEN) era tajante: “No vamos a interrumpir la prueba. Ese tema no es negociable”.
La puja duró tres días. Y se prolongó, precisamente, por la dificultad para resolver la polémica. Sólo el viernes 16 se concretó un acuerdo: este año la evaluación se aplicará y, mientras tanto, una comisión estudiará qué otros elementos deben ser tenidos en cuenta a la hora de hacer un aumento. Eso, a partir de 2015, cuando, contrario a lo dicho por algunos medios, no habrá suspensión de la prueba. Es una revisión que ya tiene una primera propuesta: “Hay tres criterios que se deben incluir: los títulos, la experiencia y la producción pedagógica”, explica Grubert.
Pero detrás de este tema hay una discusión que no es nueva y va mucho más allá de una controversia pasajera. Las actuales protestas de Fecode (como que los ascensos estén sujetos a la disponibilidad de recursos del Gobierno) son apenas una arista de un enramado de críticas y dilemas que arrancaron en 2002, cuando salió a la luz el Nuevo Estatuto Docente (decreto 1278).
Fue con esa norma que se estableció la evaluación de competencias, que pasó a ser el mecanismo para que los profesores progresaran salarialmente: quienes superaran el 80% del examen (de 120 preguntas: 30 disciplinares, 60 pedagógicas y 30 comportamentales) podían escalar (ver “Así funciona el escalafón”).
En principio cobijó a 90.000 nuevos maestros que, sin embargo, debido a una serie de requisitos que debían cumplir, sólo comenzaron a presentar la evaluación en 2010. En esa primera versión (hasta ahora van cuatro), de 33.000 apenas pasaron 6.935.
¿Una prueba incompleta?
Para el Ministerio de Educación, la evaluación ha sido la manera más acertada de identificar dónde están las fallas de la enseñanza. “Es la piedra angular de la calidad de todo el sistema. Es esencial para detectar los errores y para tomar decisiones en torno a la política educativa. Además de permitir los ascensos, hay algo trascendental: al maestro le permite hacer un análisis para saber en qué puntos debe mejorar. Claro: estamos dispuestos a que haya un retroalimentación para perfeccionarla”, dice Mónica Figueroa, directora de calidad preescolar, básica y media de la cartera.
Pero no todos están de acuerdo con esta posición. De hecho, hace tan sólo un par de semanas, el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional, en un estudio que realizó en convenio con el mismo ministerio, advirtió, entre otras cosas, sobre una serie de deficiencias que tiene el examen. “Cuando los evaluados se informan sobre sus propios vacíos —argumenta el documento—, porque la prueba así lo demuestra, asumen el reto de avanzar. No así cuando simplemente reciben un dato numérico con connotaciones de déficit, que no da lugar a la reflexión sobre lo no aprendido. Hay una cierta resistencia de los evaluados hacia la agencia evaluadora cuando esto ocurre”.
De acuerdo con la investigación, en los talleres de formación regionales es usual que los docentes se quejen de los componentes y criterios de la prueba. Además, se lee, en la página web del MEN no hay suficientes ejemplos sobre los objetos de la evaluación.
“El examen tiene problemas de rigor conceptual y técnico, aún en el mismo proceso de medición. No hay una unidad de criterio y hay una dispersión de enfoque”, complementa Olga Cecilia Díaz, decana de la Facultad de Educación de la U. Pedagógica.
¿Cuál es, entonces, la solución? Aunque ante la controversia varios líderes de los maestros, como William Agudelo, de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), solicitaban la eliminación de la prueba y ser evaluados a través de la evaluación de desempeño que hace anualmente el rector de cada colegio, los expertos tampoco ven con buenos ojos esa solución.
“Si de ello depende la estabilidad laboral, podría prestarse para tensiones y disputas entre directivos y maestros. No se trata de suspender una prueba y dejar otra; eso no resuelve el problema de fondo. Lo correcto es diseñar un nuevo mecanismo que le dé una mirada integral al quehacer docente”, argumenta Alejandro Álvarez, doctor en ciencias de la educación y profesor de la Pedagógica.
“Por ejemplo —dice—: tiene que haber examen de conocimientos, pero también una autoevaluación y una evaluación de los pares, de directivos y de estudiantes. Además tiene que cruzarse con otros índices, porque no se puede medir con el mismo rasero a un profesor que enseñe en el Vichada a uno que esté en Bogotá. Un buen sistema incluye todas esas complejidades y logra ascensos, permanencia y, sobre todo, calidad”.
Incluso, hace una década, el Icfes le presentó un proyecto al MEN para modificar el examen, pero sólo llegó a ser eso: un proyecto más. Olga Cecilia Díaz, integrante del equipo técnico que la diseñó, recuerda: “Queríamos evaluar también la disposición del maestro frente a las políticas educativas, la institucionalidad y su relación con el otro. Más que si hay un conocimiento actualizado, nos interesaba examinar también el componente actitudinal. Pero no tuvimos claridad sobre por qué no la utilizaron”.
El lío arranca en el diseño
Las pruebas son elaboradas por la Universidad Nacional que, según el MEN, es su gran aliado estratégico y permite lograr una mayor equidad. El encargado del diseño es el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas.
Pero justamente el hecho de que sea un instituto económico el que esté al frente de la evaluación de competencias, y no alguna de las varias facultades de educación del país, genera inquietud entre algunos miembros del sector. Incluso, algunos cuestionan que no se integre, por lo menos, el Instituto de Investigación en Educación de la misma universidad.
“Es necesario que el diseño de las pruebas lo asesoren las facultades de educación y las escuelas normales que forman los maestros, que están ausentes. Ellas son las que tienen más autoridad para decir qué es lo que se les debe preguntar a los profesores”, afirma Álvarez.
“No hay duda de que la Nacional es una de las universidades más respetables, pero no deja de ser paradójico que quienes diseñan las pruebas pertenezcan a una facultad de economía”, complementa Díaz.
El Espectador consultó al CID para saber cuáles son los expertos que subcontrata en la elaboración del examen y cómo participan los maestros, pero hasta al cierre de esta edición no había respuesta.
La pelea por los recursos
Quizás uno de los puntos en los que se centraba la reclamación de Fecode era la dependencia de recursos para que los ascensos sean posibles. “Es decir: los ascensos salariales de los maestros están sujetos a la disponibilidad fiscal. Si en un universo de 10.000 docentes sólo hay dinero para que avancen 500, pues sólo logran aumento esos 500, así muchos más superen el 80% de la prueba, que es lo que se exige. Entonces, la evaluación, que ante los ojos de la opinión pública mide la calidad, depende de si hay plata o no”, explica Luis Grubert.
Su argumento lo sustenta el artículo 23 del decreto 1278, a través del cual se creó la prueba: “Dicha convocatoria establecerá el monto de la disponibilidad presupuestal para efectos de ascenso y reubicación salarial. No podrán realizarse ascensos y reubicación que superen dicha disponibilidad”.
Pero de acuerdo con Édgar Robles, subdirector de monitoreo y control del MEN, lo que asegura Grubert no es del todo cierto: “Si al publicar los resultados (en diciembre) no hay recursos, no se le paga lo correspondiente al ascenso, pero sí se le hace el reconocimiento. Pero a partir del 1º de enero entra en nómina con el nuevo salario y se reconoce lo que se le adeuda”.
A pesar de todo, este tipo de textos son muy lesivos, de acuerdo con los expertos: hacen creer a los maestros que sólo un pequeño porcentaje podrá pasar la prueba y eso genera frustración. En 2013 se presentaron 66.500. Aprobaron, en total, 13.631.
ssilva@elespectador.com
@SergioSilva03
Tomado de El Espectador, 21 de Mayo de 2014, http://www.elespectador.com/noticias/educacion/incomoda-evaluacion-de-maestros-articulo-493796