Durante una visita humanitaria
al departamento de Córdoba, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, hizo un
llamado urgente a las autoridades para salvaguardar la vida e integridad de
1.117 maestros amenazados en todo el país.
Otálora se reunió con un grupo de
docentes para conocer de primera mano la situación de riesgo en la que se encuentran
145 maestros en esa zona del país. Allí compartió un
informe del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, en
el que se indica que de los 145 docentes amenazados en este departamento, 67
maestros denunciaron haber sido objeto de intimidaciones.
Sin embargo, para el Defensor del
Pueblo dichas cifras pueden ser mayores según reportes hechos por la Asociación
de Maestros de Córdoba (Ademacor), la cual señala que no todos los docentes dan a conocer
las amenazas ante la Secretaría de Educación Departamental,
entidad nominadora y la Unidad Nacional de Protección, e incluso tampoco
formulan la denuncia penal ante la Fiscalía.
La situación que padecen los
docentes en Córdoba es muy similar a la de 1.117 maestros de todo el país. Los
casos de amenazas en las zonas urbanas, principalmente, son producidos por
intimidaciones de padres de familia, estudiantes o pandillas juveniles, y en
las zonas rurales, las amenazas provienen de las guerrillas y de los grupos
armados ilegales post desmovilización de las AUC.
De acuerdo con los casos de
amenazas contra docentes que han sido evaluados por la unidad Nacional de
Protección, los departamento con mayores solicitudes de protección son
Antioquia (129 casos), Bogotá (123), Valle del Cauca (94), córdoba (90) y
Nariño (88).
En el caso de Córdoba, el SAT ha
emitido informes de riesgo para los municipios de Montelíbano, Puerto
Libertador, Montería, Valencia y Tierralta donde se ha solicitado al Estado
adoptar medidas eficaces de protección para las víctimas, particularmente
docentes y líderes de los procesos de restitución de tierras. Una situación
similar se presenta entre los docentes y estudiantes de la Universidad de
Córdoba, institución declarada piloto de reparación colectiva.
Las amenazas a docentes, por su
parte, en su mayoría son de carácter extorsivo, a través de llamadas
telefónicas por personas que se identifican como mandos de los grupos armados
ilegales Farc, Urabeños, Águilas Negras o Rastrojos. En otros casos, las
intimidaciones van acompañadas de panfletos.
Inicialmente ofrecen protección a cambio del
pago de una suma mensual, después siguen las amenazas a la víctima o a sus
familiares cercanos. Según la Fuerza Pública, casi siempre
las llamadas provienen de los centros penitenciarios.
El hecho más reciente ocurrió el
pasado 19 de noviembre, cuando presuntos miembros de un grupo autodenominado
‘Comandos urbanos de los Rastrojos’ distribuyó en dicha institución de
educación superior un panfleto en el cual amenazan de muerte a 11 estudiantes,
lo cual ha generado un clima de temor e incertidumbre entre las directivas y la
población estudiantil.
El Defensor pidió a la Unidad Nacional de Protección, a
la Secretaria de Educación Departamental de Córdoba, a la Fiscalía General de
la Nación y a la Policía Nacional tramitar el traslado de los docentes de
manera ágil y oportuna, de igual manera, adelantar los procesos de
investigación para esclarecer la procedencia, móvil e identificar y sancionar a
los autores de las amenazas.
Tomado de El Espectador, noviembre 27 de 2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/colombia-hay-1117-maestros-amenazados-articulo-460843
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