La inclusión educativa, un tema fundamental para el desarrollo del país, debe ser planeada y ejecutada desde el Gobierno, los colegios y la sociedad en general.
En diciembre del año pasado circuló, a través de las redes sociales, la denuncia de la mamá de un pequeño con autismo en la que refería la dificultad que se le presentó para conseguir un colegio para su hijo. “Aunque él tenga derecho a la educación, aunque la inclusión escolar sea una obligación legal de los colegios, ninguno ha querido recibirlo. Ni el insignificante colegio de barrio, ni el más caro de los colegios con learning center le han dado una oportunidad a mi hijo”, decía en su texto.
Ella, como muchas otras madres de hijos con necesidades educativas especiales, debe hacer un largo peregrinaje por varias instituciones educativas antes de encontrar un lugar para que su hijo sea recibido. Las razones por las que los niños no son aceptados, como nos cuenta Ana María González, madre de una pequeña con síndrome de Down, van desde la incapacidad que manifiestan las instituciones para atender a estos pequeños, pues no cuentan con los medios necesarios para hacerlo, pasando por el tema de que ya tienen a un niño con discapacidad y no cuentan con más cupos, hasta aquellos que simplemente no responden a sus llamados. Respuestas parecidas a las que encontró María Margarita Parales en el municipio de Retrepo, Meta. Afirma que, “a pesar de lo estipulado por el Ministerio de educación, las instituciones privadas —con pocas excepciones— son reacias a recibir en sus aulas regulares a niños en condición especial; lo que hace que el proceso sea supremamente doloroso, difícil y solitario”.
Según la Constitución política de Colombia de 1991, y las leyes 115 de Educación de 1994, 361 de 1997, 1098 de 2006, el decreto 366 de 2009, la ley 1346 de 2009 y la recientemente promulgada 1618, de 2013, los padres de nuestros niños, niñas y jóvenes con discapacidad no tendrían por qué hacer este peregrinaje para conseguir cupo en las instituciones de educación, ni públicas ni privadas.
Históricamente, las personas con discapacidad cognitiva, mental, física, sensorial y múltiple han sido segregadas, no sólo en el campo educativo, sino también en el social y el laboral. A una persona nacida en 1940 con algún tipo de discapacidad le era imposible ingresar al colegio o a una institución de enseñanza especializada. Lo más seguro era que terminara recluida en su casa o en alguna institución, la mayoría de las veces de carácter clínico, pues su discapacidad era considerada una enfermedad. Por lo tanto, esa persona, se creía, era incapaz de aprender.
En los años 60 y 70 la situación comenzaba a cambiar. Lo más probable era que esa persona hubiera asistido a un centro de educación especial, en donde compartía su vida “escolar” con otros niños con discapacidad. Tendría derecho a contar con una educación especializada, pero seguiría siendo excluida del modelo educativo tradicional y de la vida social. Su educación, seguramente, iría dirigida hacia su rehabilitación, antes que al desarrollo de sus habilidades y potencialidades cognitivas. Los niños, a través de algunas pedagogías especiales, podían aprender algo, e interactuar con el medio dentro de un espacio escolar exclusivo y un ambiente social protegido. Un mundo aparte.
En las décadas de los 80 y los 90, la educación para los niños con “necesidades educativas especiales” dio un paso adelante. Se comenzó a hablar de “integración escolar”. Según este modelo, los niños compartían la vida escolar con otros niños y jóvenes sin ningún tipo de discapacidad, participando de la cotidianidad de la escuela. Sin embargo, los contenidos de las materias, así como las metodologías, permanecían igual para todos, siendo los niños los que se tenían que acomodar al modelo educativo tradicional, seguramente con algún tipo de apoyo extracurricular. De esta forma, no era nada raro que al finalizar el proceso escolar no se hubieran desarrollado todas las capacidades cognitivas y el alumno hubiera pasado de un curso al otro sin cumplir siquiera con los requisitos mínimos. El estudiante debía ajustarse de alguna manera a la institución educativa y responder a los retos planteados.
En los últimos años se ha empezado a hablar, cada vez con más fuerza, de la educación inclusiva, un modelo que vincula a todos los niños y niñas al proceso de aprendizaje sin discriminación alguna.
En palabras de María del Pilar Sánchez, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, “la inclusión educativa se ha definido como un proceso sistemático de mejora de las instituciones educativas para tratar de eliminar las barreras de distinto tipo que limitan el aprendizaje y la participación del alumnado en la vida académica y social de los centros donde están escolarizados, con particular atención a aquellos estudiantes más vulnerables; en este contexto, los alumnos con discapacidad o con necesidades educativas especiales son un colectivo de marginación y riesgo de exclusión”.
Desafortunadamente, en nuestro país son pocos los colegios, tanto públicos como privados, que hacen una apuesta por este tipo de educación. No se puede negar que muchas instituciones reciben en sus aulas a niños con discapacidad, sin generar cambios significativos en la estructura y el funcionamiento del proceso de aprendizaje y del quehacer pedagógico. Los colegios, como lo afirma Nancy Herrera, psicóloga del ESI (Equipo de Soporte a la Inclusión), y lo reafirma Luz Stella Uricoechea, directora del Nuevo Gimnasio, están temerosos de trabajar sobre el modelo de inclusión porque no quieren arriesgarse, le temen al cambio, e ingresar a un sistema de educación como éste implica tener que romper varios paradigmas sobre los cuales se ha construido la educación, como el de pensar que si el niño no se adapta al colegio, el colegio no es para él, o que si un niño con necesidades especiales está en un colegio, el rendimiento académico del mismo va a bajar y, por ende, los resultados de las pruebas del Icfes descenderán.
No sólo las instituciones sienten miedo al enfrentar la posibilidad de brindar una opción educativa diferente. Los maestros también temen tener en sus aulas a niños con discapacidad cognitiva, porque no cuentan con las herramientas necesarias para ayudarles en su proceso de aprendizaje y creen que puedan interferir en el trabajo de los niños regulares. Hugo Edilberto Florián, rector del Colegio República Bolivariana de Venezuela, IED, dice que “los profesores sienten miedo porque piensan que tienen que sacar algo que no tienen o no saben, y lo que hace este modelo es potenciar y sacar lo que ya tenemos. La labor que se hace en un aula regular no es muy diferente a la que se realiza en un aula inclusiva; lo único diferente que hacemos es visibilizar a los niños”.
Así como las instituciones y los maestros sienten miedo al enfrentarse con un modelo de educación inclusiva, también los padres de niños regulares manifiestan sus temores sobre las desventajas académicas, sociales y culturales que puedan tener sus hijos al compartir con niños discapacitados, temores producto de los prejuicios y el desconocimiento que en general hay sobre las diferentes discapacidades. Por ejemplo, que los niños con síndrome de Down son agresivos, que los niños con autismo viven en su propio mundo, que los niños con discapacidad presentan un despertar sexual temprano. Paradigmas como éstos hacen que muchas veces los padres retiren a sus hijos de colegios con programas de inclusión, como cuenta Luz Stela Uricoechea que ha ocurrido en el Nuevo Gimnasio.
A veces, la realidad en estos mundos pasa por otros caminos. Nancy de Falla relata que durante una visita que hizo al colegio La Enseñanza, vio en el recreo, en un interclase de fútbol, que un chiquito con síndrome de Down metió un autogol y salió feliz a contarle a la profesora sobre su hazaña; detrás de él se acercaron corriendo sus compañeros de equipo, y mientras todos esperaban una reacción de molestia y furia, con lo que se encontraron fue con la risa de complicidad de sus compañeros y su invitación a que continuara con el partido.
O experiencias como la que nos narra Ana María González. Su hija con problemas de comunicación severos ingresó al colegio, y a su salón de clase entraron dos niñas que sólo hablaban inglés; como, al igual que María, no podían comunicarse con sus demás compañeras, se sintieron identificadas y se estableció entre ellas un vínculo de amistad, sin importar las diferencias cognitivas o de aprendizaje. Si bien es cierto que estas pequeñas aprendieron a hablar español, mientras que María continúa con dificultades en su proceso de comunicación, ellas, como el resto de sus compañeras, han aprendido a entender el lenguaje propio de María, al punto que le sirven de intérprete con sus profesores.
Por otra parte, una niña del Nuevo Gimnasio habla sobre la experiencia de compartir su vida escolar con niñas con discapacidad y dice que “es chévere, es una bonita experiencia porque aprendes a convivir con otras personas. Nosotras compartimos los recreos y la vida regular del colegio con las niñas con discapacidad. Eso nos ayuda a que cuando salimos del colegio y nos encontramos con personas discapacitadas sea más fácil, uno respeta más y habla con ellos normal y los trata como personas”.
Situaciones como éstas se repiten en los colegios que le han apostado a la inclusión escolar. Desafortunadamente, todavía son una minoría y cada uno trabaja de modo aislado. Algunos lo hacen con tutoras o sombras dentro del aula de clase; otros prefieren tener un grupo de profesores de apoyo que se encarga de realizar la flexibilización curricular; otros solicitan apoyos externos, que son financiados por los padres o por el Estado. Pero ninguno de ellos pretende ser un colegio de educación especial, manejan lo que Gordon Porte denomina “proporción natural”, que no es más que la relación que debe darse dentro de un grupo entre personas “normales” y personas con discapacidad. Por eso, a sus aulas sólo ingresa un número pequeño de niños con discapacidad, lo que hace que el porcentaje de cobertura sea muy bajo y los padres no encuentren cupos para sus hijos.
Optar por un modelo de educación inclusiva exige realizar cambios, no sólo en las instituciones educativas, sino también en el entorno sociocultural; contar con una sociedad más inclusiva en la que las personas con discapacidad hagan parte integral de la vida diaria. Nuevos retos se abren para Colombia al adoptar una política de inclusión y contar con un mayor número de programas de formación para docentes en ese ámbito, con programas de educación superior técnica y profesional a los que tengan acceso las personas con discapacidad.
Si bien es cierto que en universidades como la Pedagógica Nacional se ha eliminado la barrera del examen de admisión para personas ciegas y sordas, en la Universidad Nacional de Colombia se han realizado adaptaciones a los exámenes de admisión para estas personas, y otras universidades del país están trabajando para abrir una oficina de atención a los estudiantes con discapacidad y programas de adaptación curricular, las personas con discapacidad cognitiva todavía encuentran barreras, tanto en las universidades como en los colegios y, sobre todo, en la sociedad.
Tomado de El Espectador, marzo 24 de 2013, http://www.elespectador.com/noticias/educacion/articulo-412346-una-cartilla-de-inclusion
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